Un proyecto a imitar

El diario La Nueva Provincia tituló la nota “El CD trata un polémico proyecto”. La inicitiva legislativa tal vez haya causado malestar, pero la realidad es que los ediles suarenses piden que se cumpla con las normativas éticas relacionadas con los deberes de funcionario público.
En síntesis, el HCD pide al Ejecutivo que no realice transacciones comerciales con firmas cuyos dueños estén relacionados con funcionarios comunales.
El enunciado del proyecto incluye algunas leyes que juzgan el “favoritismo político” y menciona el Código Penal de la Nación: “será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo”.

El Concejo Deliberante de Coronel Suárez tratará hoy un proyecto de resolución presentado por el edil Guillermo Sol que solicita a las autoridades comunales que no realicen “transacciones comerciales con empresas o firmas en las cuales sus dueños o integrantes tienen directa relación y/o parentesco directo con integrantes de Departamento Ejecutivo o funcionarios”.
El proyecto también prevé que, en la rendición de cuentas de cada año, se detalle “toda transacción comercial que haya realizado con la comuna toda empresa en las que sus dueños o integrantes tienen relación y/o parentesco directo, con integrantes del Departamento Ejecutivo o funcionarios de la misma”.

Sol aseguró en su proyecto que la Municipalidad de Coronel Suárez “realiza transacciones comerciales con empresas cuyos integrantes tienen directa relación y/o parentesco directo, con integrantes de Departamento Ejecutivo o funcionarios”.
De esta forma, hizo alusión al hecho de que la comuna suarense adquirió materiales de construcción en el Corralón Denk, firma que pertenece –entre otros– a la mujer del intendente Ricardo Moccero, Analía Arroquy.
Oportunamente, el jefe comunal había recurrido al Tribunal de Cuentas y a la Asesoría de Gobierno bonaerense para efectuar una consulta al respecto, y ambos organismos autorizaron que el corralón sea proveedor del municipio porque Arroquy y Moccero poseen patrimonios separados y, por otro lado, la mujer es accionista de la empresa pero no participa del directorio ni de las decisiones de administración.
De todas maneras, Moccero informó que se tomó la decisión de reducir las compras al Corralón Denk en forma paulatina, para no alentar suspicacias.
Sin embargo, en su proyecto el edil Guillermo Sol planteó que tal situación está expresamente prohibida por la Ley Orgánica de las Municipalidades, el Reglamento de Contabilidad, el Código Penal de la Nación y la Ley de Etica en la Función Pública.
La Ley Orgánica Municipal establece que no se admitirán como miembros del municipio a los que directa o indirectamente estén interesados en algún contrato en que la Municipalidad sea parte, quedando comprendidos los miembros de las sociedades civiles y comerciales, directores, administradores, gerentes, factores o habilitados”, citó Sol.
También citó que el Código Penal de la Nación dice que “será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo”.
En cuanto a la Ley de Etica de la Función Pública, el edil recordó que establece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías.
“En su artículo 2º, (esa ley) determina que los funcionarios se encuentran obligados a desempeñarse con la observancia y respeto de los principios y pautas éticas establecidas en la presente ley: honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana”, recordó Sol. “La norma también plantea no recibir ningún beneficio personal indebido vinculado a la realización, retardo u omisión de un acto inherente a sus funciones, ni imponer condiciones especiales que deriven en ello”, añadió.