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Combatir el fuego con nafta

(Alejandro Cánepa) La semana estuvo caracterizada por los encuentros. El primero de ellos, protagonizado por la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados con el ministro Domínguez. Su saldo, levemente positivo: la buena predisposición del funcionario. Pero esto no es noticia y tampoco incentivo. La política gestual -si bienes importante– se vio opacada por la ratificación de que el Gobierno mantendrá su política intervencionista sobre el sector agropecuario.
Desde luego, las réplicas no tardaron en llegar. “Cómo si las intervenciones hubieran demostrado ser virtuosas”, sentenció Ricardo Buryaile, presidente de la Comisión que mantuvo la reunión con el funcionario. En efecto, si hay un reclamo que viene desde hace tiempo, es el pedido al Gobierno de que abandone la estrategia de intromisión en los mercados.
Por el contrario, el pedido de los ruralistas consiste en solicitar la implementación de políticas a largo plazo y consensuadas con el sector, y el abandono definitivo de las medidas “parches” que traen más problemas a futuro de lo que solucionan en el presente.El resultado del primer encuentro definió de algún modo el del segundo, que concretaron los representantes de la Mesa de Enlace. Ante la confirmación de que el Gobierno no tiene en sus planes la intención de cambiar el rumbo de la política agropecuaria, se decidió concretar una Asamblea multitudinaria en Coronel Pringles para el 3 de mayo.
La decisión estuvo determinada además por la necesidad de apoyar el reclamo de los productores del sudoeste bonaerense afectados por la sequía y las medidas nefastas contra las principales producciones de la región: el trigo y la carne.
Por otra parte, las confirmaciones del ministro se vieron reflejadas en una nueva disposición que toca justamente a los productores de la zona más complicada de la provincia de Buenos Aires. Durante la XVIII Reunión Ordinaria del Consejo Federal Agropecuario realizada en Rosario, Julián Domínguez, junto a representantes de las carteras de asuntos agrarios y producción de las provincias, anunciaron la implementación de un sistema por el cual se podrá adelantar un 35% de las ventas al exterior de la próxima campaña del cereal de manera que los productores puedan financiar su cosecha, garantizando el abastecimiento interno.
La medida fue rápidamente criticada por las entidades. “El problema del trigo son los ROE. Si quieren más trigo, hay que sacar los registros. Además, nosotros estamos proponiendo una serie de mecanismos financieros para alentar la siembra, destinados a los que no pueden ir a los bancos”, señaló Alfredo Rodes, director ejecutivo de CARBAP.
En efecto, hasta ahora las medidas de este tipo sólo han traído más inconvenientes para los productores. Hasta el momento, el Gobierno optó por combatir los incendios echando nafta, convencidos de que sólo hace falta líquido para apagarlos. Esperemos que el cambio de estrategia hacia una política conjunta llegue antes de que el fuego vaya demasiado lejos.