Regulan las pasantías para alumnos secundarios

El Gobierno Nacional promulgó un decreto que por primera vez regula de manera específica las pasantías de estudiantes de nivel secundario, ya sea en empresas privadas como en la administración pública. La norma, publicada ayer en el Boletín Oficial, pone el acento en el valor formativo de las prácticas, las que no serán remuneradas , por lo que pauta límites de carga horaria y de duración.
Quedan comprendidos en este régimen una cantidad estimada de alrededor de 400.000 alumnas y alumnos que cursan los dos últimos años del secundario, tanto en escuelas públicas como privadas, de orientación técnica industrial, agropecuaria, artística, informática y comercial. Podrán ser pasantes recién a partir de los 16 años, si bien en el caso de los menores de 18 años, deberán contar con la autorización escrita de sus padres o representantes legales.
El primer antecedente para pasantías de todo tipo fue el decreto 340, de 1992. “Luego fueron apareciendo leyes, pero orientadas al nivel superior; además, dejaban algunas puertas abiertas a la precarización laboral y a la sustitución de trabajadores por pasantes, un fenómeno extendido en los 90”, comentó a Clarín la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), María Rosa Almandoz.
En 2008, por iniciativa del Ministerio de Educación, las comisiones de Asuntos Laborales y de Educación de la Cámara de Diputados elaboraron una ley de pasantías para mayores de 18 años, destinada a estudiantes de carreras universitarias y de formación profesional. Esa ley, la N° 26.427, derogó el decreto 340/92, lo que dejó un vacío legal en el ámbito de la educación secundaria.
“La ley de educación técnico profesional (2005) y la ley de educación nacional tienen varios artículos relativos a pasantías en el nivel secundario. Este decreto (1374/2011) reglamenta esos artículos”, indicó Almandoz.
El Régimen General de Pasantías hace foco en el carácter educativo y formativo de las prácticas , “de acuerdo a la especialización que reciben”, las que deben ser realizadas “bajo organización, control y supervisión de la unidad educativa a la que pertenecen y formando parte indivisible de la propuesta curricular”.
“Hay un componente en la formación de los estudiantes secundarios –en educación técnica hablamos de prácticas profesionalizantes – que es poder tener la experiencia lo más aproximada posible al mundo real del trabajo”, explicó la titular del INET.
“El sector empresario reclamó fuertemente por la ausencia de normas, porque cayeron todos los convenios que se habían creado por el decreto 340 –reveló Almandoz–. En la discusión participaron la Unión Industrial Argentina, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y la Asociación de Empresarios Argentinos. También hay interés desde las autoridades provinciales”. Sólo cuatro provincias tenían un régimen propio de pasantías.
Las y los pasantes no recibirán ningún tipo de remuneración. El decreto aclara que “la situación de pasantía no creará ningún otro vínculo, para el pasante, más que el existente entre el mismo y la unidad educativa correspondiente, no generándose relación laboral alguna con la institución, pública o privada; o la empresa donde efectúe su práctica educativa”.
Al mismo tiempo, la norma las restringe a un tope de 20 horas reloj por semana y a una duración máxima de seis meses, mientras que el mínimo será de 100 horas reloj. Para evitar la sustitución de trabajadores por pasantes se establece límites y porcentajes sobre el total de empleados regulares.
Además de seguro contra riesgos de trabajo, las y los pasantes tendrán los mismos beneficios que el resto del personal en transporte, comedor y tiempos de descanso. Y según los convenios firmados, podrán tener otros, como refrigerio, estímulos para traslados y viáticos, y gastos educativos.
Las empresas e instituciones deberán reunir una serie de condiciones para tomar pasantes. Esto hace que, salvo en provincias con un parque industrial importante (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe), con las pasantías sólo se pueda cubrir entre el 15% y el 20% de las necesidades de prácticas formativas. “La ley de educación técnico profesional prevé fondos importantes, y gran parte se destinó a crear condiciones en las escuelas para que se puedan hacer las prácticas en sus propios talleres y laboratorios –recordó Almandoz–, que en muchos casos tienen un equipamiento más actualizado que una pyme”.

Fuente: Clarín