Reglamentan la ley que limita la venta de tierras a extranjeros

Las provincias tienen 60 días para informar la totalidad de predios rurales de titularidad de personas físicas o jurídicas extranjeras. El texto fija en un 15% la porción del territorio nacional permitido para que esté en posesión de manos extranjeras. Las tierras en poder de extranjeros no podrán superar las 1.000 hectáreas.

(Urgente24) Por Decreto Nº274/2012 publicado hoy (29/02) en el Boletín Oficial, se aprobó la reglamentación de la Ley Nº 26.737 que estableció el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.
Las provincias tienen 60 días para informar la totalidad de predios rurales de titularidad de personas físicas o jurídicas extranjeras. Incluye el límite de titularidad extranjera del 15% sobre el territorio nacional. El Decreto, publicado hoy en el Boletín Oficial, lleva la firma de la Presidenta.

Los alcances de la reglamentación de la ley sancionada por el Congreso el 22 de diciembre de 2011:

Establece que dentro de los 60 días de aprobada la presente reglamentación las provincias deberán comunicar fehacientemente a la autoridad de aplicación la superficie total de cada una de ellas, sus departamentos, municipios o divisiones políticas equivalentes, discriminando las correspondientes a tierras rurales y urbanas.
Asimismo, deberán informar la totalidad de predios rurales de titularidad de personas físicas o jurídicas extranjeras, según surja de los organismos provinciales competentes, o en posesión de extranjeros, ordenados por departamento, municipio o división política equivalente. En su defecto, deberán remitir el índice completo de titulares de dominio y de poseedores obrantes en sus órganos competentes, en caso de contar con tales registros.
De igual modo, deberán informar la nómina completa de sociedades extranjeras o con participación extranjera inscriptas en su jurisdicción, así como toda información adicional que la autoridad de aplicación requiera para dar cumplimento a la Ley Nº 26.737. Las tierras rurales serán las que surjan de detraer de la totalidad del territorio provincial, departamental, municipal o divisiones políticas equivalentes el correspondiente a los ejidos urbanos determinados a partir de las constituciones, leyes o decretos provinciales, cartas orgánicas u ordenanzas municipales. A los fines del cómputo de la limitación para la titularidad extranjera se considerarán tierras rurales las informadas conforme la prescripción antecedente o —en su defecto— las que determine el Consejo Interministerial de Tierras Rurales, a requerimiento fundado de la autoridad de aplicación.
Corresponde a la autoridad de cada gobierno local informar a la autoridad de aplicación cualquier cambio en la zonificación que signifique una modificación en la superficie de tierras rurales correspondiente a esa jurisdicción, dentro de los diez días de que la misma entre en vigencia.
Para la determinación de la titularidad catastral se atenderá a la información relativa al estado parcelario que surja de los organismos catastrales sean estos provinciales o municipales, priorizando aquella que se encuentre georeferenciada y que identifique efectivamente la ubicación de la parcela.
La situación de posesión será determinada a partir de la información obrante en los registros de poseedores en las provincias en que estos existan, o por aquellas fuentes de información que así considere la autoridad de aplicación.
En los casos de condominio, se entenderá en cabeza de los condóminos una superficie proporcional a su porción indivisa.
El cumplimiento del deber de informar las modificaciones en las participaciones sociales estará en cabeza del órgano de administración de la entidad. En el caso de las personas jurídicas constituidas en el extranjero, también será obligado el representante de la entidad en el país. Dicha obligación será cumplimentada a través de la presentación de la declaración jurada para personas jurídicas.
En los casos en que se verifique la modificación de participaciones societarias que no sean informadas en tiempo y forma, el Registro Nacional de Tierras Rurales pondrá en conocimiento de la situación al organismo de registro societario competente, a la Administración Federal de Ingresos Públicos (A.F.I.P.), y a la Unidad de Información Financiera (U.I.F.), a los efectos de que investiguen si se encuentran cumplidas las obligaciones de registro, impositivas y de prevención de lavado de dinero relativas a las personas y bienes involucrados. La investigación se extenderá a sus socios, administradores y representantes legales.

1 comentario

    • Nelson on 29/02/2012 at 23:13

    Me parece una ley excelente. Vamos a ver como se instrumenta…

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