Las retenciones son injustas

“Las retenciones deberían eliminarse y su recaudación debería ser reemplazada por un cobro efectivo y pleno del Impuesto a las Ganancias”, asegura el autor. El instrumento más eficiente sería una sobretasa al impuesto inmobiliario, recaudada por el gobierno nacional, cuyo valor dependiera de la renta potencial del predio, y fuera a cuenta de Ganancias.
Por Mario Teijeiro. Presidente del Centro de Estudios Públicos
“El campo está ganando más plata que nunca” sentencia Lavagna; y presenta esta afirmación como un argumento suficiente para descalificar los pedidos de eliminación de las retenciones. Pero claro, toda intervención “justiciera” que castigue a los que ganan plata, es contraria a los principios del mercado. En un capitalismo competitivo ganar plata no debería ser “materia justiciable”; por el contrario, es el instrumento insustituible para que puedan invertir y crecer los sectores más rentables y la economia aproveche así al máximo su potencial de crecimiento. La discriminación en contra del sector agropecuario es consecuencia de que constituye un instrumento aparentemente ideal para redistribuir ingresos. Las retenciones agropecuarias reducen la renta de los productores “ricos”, aumentan los recursos del Estado, reducen el precio interno de los alimentos y aumentan el salario real de los trabajadores urbanos. Se trata de un instrumento ideal para quienes creen que la distribución del ingreso es el criterio prioritario de la política económica.
El sector agropecuario parece así condenado a la discriminación permanente: sus intereses se enfrentan con los de los pobres y tiene un escaso peso político frente a las mayorías urbanas y las corporaciones empresarias. Han perdido el derecho republicano de las minorías, a las que se debería respetar su derecho constitucional a disponer de lo que el libre comercio les dispense. De la democracia liberal de la Constitución del 53 hemos pasado a una democracia con un capitalismo “social”, en la que los derechos de propiedad y del comercio libre han quedado supeditados a los caprichos del poder de turno.
Pero aún dentro de este capitalismo “social”, no debería bastar con que las discriminaciones sean aparentemente “justas” sino también que los costos al interés colectivo no sean substanciales. Así es posible criticar las retenciones a partir de la existencia de alternativas mejores, que logren beneficios distributivos más focalizados sin menoscabo de la eficiencia productiva y el crecimiento económico. Las retenciones ni siquiera se justifican dentro de la lógica de un capitalismo social “racional”, definido como aquél que pondera adecuadamente los costos y beneficios de sus acciones distributivas. La imagen es que las retenciones extraen la renta de productores ricos para beneficiar a asalariados pobres. El Ministro Lavagna también ha oficializado la visión que las retenciones no son distorsivas, ya que sustituyen el impuesto a las Ganancias que el sector evade. Estos argumentos son verdades a medias e insuficientes.
En primer lugar, las retenciones no solo disminuyen la rentabilidad del productor “rico” de la pampa húmeda, también imposibilitan la producción en tierras marginales. La retención margina a los productores más pobres y perjudica a los pobladores rurales que podría emplearse con una frontera agropecuaria expandida. Las retenciones atentan así contra los intereses del interior rural y son inconsistentes con el declamado objetivo de equilibrar económicamente al país.
En segundo lugar, las retenciones son un instrumento ineficiente para beneficiar a los pobres, ya que el impuesto abarata los precios de los alimentos para todos los consumidores, incluso para aquellos consumidores urbanos de ingresos superiores a los de la mayoría de los productores rurales. El objetivo distributivo debería focalizarse en los más necesitados, no en los consumidores de alimentos, evitando así la injusticia de productores rurales pobres subsidiando a consumidores urbanos ricos.
En tercer lugar, el argumento que las retenciones no son distorsivas, es falaz. Son inexcusablemente distorsivas pues abortan el crecimiento productivo que estaría asociado a la recepción plena del precio internacional. El argumento de la evasión fiscal no los transforma en inocuos, ya que desincentiva mucho más quitarle al productor una parte substancial del precio, que cobrarle un impuesto a las ganancias cuando existan utilidades. Por otro lado, evasión existe en todos los sectores, incluso en el industrial. ¿Acaso no debería eliminarse la protección industrial con el mismo argumento?. Es que no tiene sentido perjudicar a todos los integrantes de un sector por comportamientos impositivos dispares entre productores. El derecho de exportación es injusto con el productor que además de sufrir el derecho de exportación cumple con el impuesto a las Ganancias.
Las retenciones deberían eliminarse y su recaudación debería ser reemplazada por un cobro efectivo y pleno del Impuesto a las Ganancias. ¿Pero cómo hacer para que miles de productores agropecuarios se acostumbren a declarar transparentemente sus ingresos?. Ante todo, la voluntad de pagar impuestos debería ser mayor si el productor recibiera el precio internacional. ¿Es posible que el vicio evasor subsista exten didamente a pesar de terminar con la discriminación?. Es posible; y si este fuera el caso, el gobierno cuenta con la alternativa de utilizar mecanismos no distorsivos de recaudación. El instrumento más eficiente sería una sobretasa al impuesto inmobiliario, recaudada por el gobierno nacional, cuyo valor dependiera de la renta potencial del predio. Esta sobretasa no debería operar como un nuevo impuesto sino como un impuesto mínimo, a cuenta de Ganancias.¿Cómo evitar el impacto sobre los más necesitados?. La forma más simple seria eliminar el IVA sobre los alimentos, pero no es el instrumento ideal, ya que abarataría los alimentos a los sectores de altos ingresos cuya desgravación no se justifica. La forma más racional es focalizar la política distributiva a través del gasto y en función de la pobreza.Esta propuesta no es fiscalmente neutral, ya que la recaudación de derechos de exportación excede hoy el impuesto a las Ganancias que le correspondería pagar al sector agropecuario y la atención a la pobreza debería aumentarse.
Pero este impacto fiscal es deseable, pues se trata de revertir el peso del sector público sobre la competitividad y el crecimiento económico. Es posible, si el crecimiento de la recaudación no se destina a obras públicas ineficientes o a aumentos salariales sin la contrapartida de reducciones en el empleo clientelista.
(nota aportada gentilmente por una lectora del blog)

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