“El problema no es que nos mientan. El problema es que les creamos”.

Por estos días, el clima político que se vive en nuestro país deja a la luz tantas mentiras y contradicciones que produce hastío. Situación que tampoco escapa a la realidad local.
La multiplicada protesta agropecuaria puso en discusión el modelo económico del gobierno en cuanto al reparto de los fondos estatales en las provincias. Los medios capitalinos tuvieron que empezar a mirar tierra adentro y hacerse eco de las manifestaciones. Los gobernadores que guardaban fidelidad mostraron las grietas de un poder efímero.
En el ámbito local, pudimos ver cómo algunos políticos tuvieron que mostrar su postura frente al conflicto. Cuando hasta hace un par de meses, hacían gala de las obras “federalistas” del Gobierno Central con tal de ganar un voto más. No evaluaban de donde surgían esos fondos ni tampoco cómo su pueblo, paulatinamente, sufría la recesión.
Sin embargo, hoy debieron ponerse otra bandera, si es que realmente se la han puesto. Por momentos pareciera que noblemente quisieran diferenciarse del “Kaísmo”, pero en la realidad, muestran las mismas deformaciones.
Ansiedad recaudatoria, promesas sin fecha de vencimiento, desinformación, favoritismos, clientelismo, entre otras. Pero no… eso no se dice y de eso no se habla. Menos aún en estos momentos donde quizás se acordaron de sus ideologías de base y presumen una identidad diferente.

Más allá de estas situaciones, es importante ver que todavía la ciudadanía desea participar y reclamar. Podríamos discutir las formas y los tiempos de las protestas, pero es valorable la búsqueda de cambios sustanciales que seguramente no serán inmediatos y que al menos, vislumbran otro modelo de país.

A propósito de estas consideraciones, quería compartir este texto publicado en la revista Inter-Forum, escrito por el Dr. Jorge Luis Maiorano*: “Desafíos éticos de la política latinoamericana”.


(…)”Lo expuesto precedentemente proporciona algunos criterios básicos para cualquier esfuerzo que se proponga mejorar la calidad ética de la política en nuestros países.
Se trata, en mi concepto, de un desafío cultural que ha de operar en la conciencia colectiva de nuestras sociedades. Es preciso, en primer término, que se entienda y acepte que el fin de la autoridad política no es el poder sino la búsqueda del bien común, para cuyo logro el poder no es sino un medio, y no el único. Y es también necesario como natural consecuencia de lo anterior, que se conciba o entienda la actividad política como forma de “servicio público” y no como instrumento para lograr influencia o ventajas personales.

Junto con ello, es fundamental inculcar en la conciencia colectiva los conceptos de dignidad esencial de todo ser humano, titular de derechos fundamentales proclamados en la Declaración Universal, de la consiguiente igualdad de todos los hombres y mujeres y de respeto a la ley como regla de convivencia civilizada.
En la medida en que en nuestras sociedades se generalicen las ideas de que los gobernantes, legisladores, jueces y demás autoridades públicas son servidores de la comunidad y no mandamases titulares de un poder arbitrario, de que todas las personas por igual son titulares de derechos esenciales que deben serles respetados y tienen a su vez ciertos deberes frente a la sociedad y de que la ley, norma general obligatoria –y no la voluntad arbitraria de ninguna persona- es la regla que regula la convivencia colectiva, los riesgos de arbitrariedades, discriminaciones, favoritismos y otros abusos disminuyen al mínimo.

Debe ser claro, en mi concepto, que la moralización de la política depende o es reflejo de la moral colectiva. Si en una sociedad prevalece la creencia de que el poder es por naturaleza arbitraria y se acepta como natural o lógico que quien le ejerza abuse, se enriquezca, favorezca a sus amigos o persiga a sus adversarios, no podrá esperarse que la política sea ejemplo de moralidad.


En este sentido, el desafío de elevar la calidad ética de nuestra política no solo choca con algunos hábitos derivados de la cultura histórica de las sociedades latinoamericanas –a que antes nos referimos-, sino también con algunos rasgos que tienden a prevalecer en la cultura de nuestros días al menos en el mundo occidental. Me refiero especialmente al excesivo individualismo, al consumismo desenfrenado, a la tendencia al enriquecimiento rápido, a la liberalidad sexual y al menosprecio del Estado como órgano del bien común.


No puede esperarse una política de alta calidad moral en sociedades en que el sentido comunitario de nación esta fuertemente debilitado por el egoísmo de individuos que solo se interesan por su bienestar, anhelan comprar todo lo que el mercado ofrece, tienen como objetivo fundamental de sus vidas hacerse ricos, ven al Estado como un estorbo y menosprecian a los servidores públicos como parásitos.

Sin perjuicio de lo anterior, es evidente que el sistema jurídico constituye un elemento importante para mejorar la calidad moral de la política. Una adecuada definición de las competencias funcionarias, un régimen estricto de incompatibilidades e inhabilidades, una legislación penal que tipifique y sancione adecuadamente los hechos constitutivos de corrupción, una judicatura independiente y eficaz, son elementos importantes para proteger el nivel moral de la vida pública.
Especial significación tiene, en este aspecto, la legislación que regule el sistema electoral de generación de los poderes públicos, sobre todo en lo relativo al financiamiento de las campañas; un régimen transparente en la materia es indispensable para asegurar la independencia de las autoridades elegidas.
Pero ninguna legislación, por perfecta que sea, bastara por si sola para moralizar la vida política de una nación.
La política, en definitiva, el espejo o reflejo de la respectiva sociedad. Y admitido que ella, como toda actividad humana está sujeta a la moral, su calidad ética o moralidad será la que prevalezca en la comunidad Humana en la cual se ejerce.
El gran desafío moral de la vida política consiste en crear condiciones que permitan a los seres humanos realizar su anhelo de vivir en paz. Paz entre las naciones; paz al interior de las mismas. Lo cual supone y exige ciertas condiciones que es necesario cumplir.
Un viejo aforismo afirma que la paz es obra de la justicia. Y en su Encíclica Pacem in Terris, Juan XXIII sostuvo que “la paz en la tierra, suprema aspiración de la humanidad a través de la historia”, debe fundarse en la verdad, la justicia, el amor y la libertad”. Es claro que estas condiciones están lejos de darse en el mundo en que vivimos.

Falta a la verdad un mundo que no vive los valores que formalmente proclama.

Hay mucho de hipócrita convencionalismo, por no decir falsedad, en la realidad de nuestros días. Los valores que a menudo se proclaman, no se respetan en la vida cotidiana. No es vivir “en la verdad” contentarse con exhibir excelentes cifras macroeconómicas de crecimiento y estabilidad o ufanarse en la exhibición del progreso y la belleza de los barrios ricos de las grandes ciudades, mientras al mismo tiempo se silencia la escandalosa desigualdad en la distribución de los ingresos y la miseria en que viven los sectores marginales.
No es justo un mundo –como el de nuestros países latinoamericanos-, en que importantes sectores de la población –en algunos casos mayoritarios-, no tienen adecuado acceso a la salud, la educación, la vivienda y el trabajo bien remunerado. La primera y fundamental exigencia de justicia es la igualdad de oportunidades para todos. Si se invocan criterios de justicia para regular las remuneraciones o ingresos de cada cual según su capacidad y rendimiento, esos mismos criterios exigen que todos inicien esa competencia desde un mismo punto de partida, con análoga capacitación y posibilidades. Esta es, sin duda, una exigencia ética fundamental.
Como lo es que el sistema judicial sea parejo para todos, con arreglo al viejo adagio de que “la ley pareja no es dura”. Pero todos sabemos que en nuestros países la justicia no es pareja, porque ante ella no comparecen en reales condiciones de igualdad los ricos y los pobres.
¿Y qué hablar del amor? El individualismo consumista que prevalece cada vez más en nuestras sociedades, reduce el amor casi exclusivamente al ámbito interno de las familias. El concepto cristiano del prójimo, a quien deberíamos amar como a nosotros mismos, prácticamente ha desaparecido en la vida moderna, salvo en el mundo de los más pobres y marginados cuyo desamparo los fuerza a ayudarse unos a otros.
Marchamos como autómatas, cada uno encerrado en su pequeño mundo propio, del cual solo nos sacan grandes remezones colectivos, como las catástrofes naturales, las epidemias o las revoluciones. Cada vez se reduce más la dimensión comunitaria de la existencia humana, que es el terreno propicio para el cultivo del amor al prójimo.
Finalmente, si bien esto ocurre en nombre de la libertad –la libertad individual, la autonomía de la voluntad de cada cual, base fundamental, junto con la propiedad, del orden prevaleciente-, no podemos desconocer el hecho brutal de que los márgenes de libertad no son los mismos para todos; un pobre no tiene igual libertad que un rico; un analfabeto carece de la libertad del ilustrado; el obrero cesante que necesita cualquier trabajo para comer y alimentar a su familia, no tiene la libertad de la que puede decidir si le da trabajo o no.
Las reflexiones precedentes ponen de relieve la magnitud del desafío. El noble propósito de que la política sea regida por la ética no se reduce a defenderla del peligro de corrupción. Esta es solo una de las amenazas, la más burda o grosera.
El desafío es mucho más profundo y amplio; se trata de la vigencia de los valores éticos en todo el ámbito de la conducta humana, de la que depende el bien común de las sociedades, que es –en definitiva- el fin último de la política. El ordenamiento de las sociedades que hoy se llaman modernas reposa fundamentalmente en los valores de la libertad y la propiedad.
En mi concepto, si no somos capaces de complementar esos valores con los de la justicia, la solidaridad y el bien común, no podremos lograr la primacía de la ética en la existencia colectiva.

*Defensor del Pueblo de la Nación Argentina (mandato cumplido)
Ex Presidente del Instituto Internacional del Ombudsman.
Ex Ministro de Justicia de la Nación Argentina.
Doctor en Jurisprudencia.
Consultor Internacional del Alto Comisionado de los DDHH.
Profesor Titular de Derecho Administrativo
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