Crítica situación de una productora agropecuaria

Se trata de la ciudadana Liliana Conte, quien al comienzo de la misiva explicó que debió hacerse cargo de un campo tras enviudar, heredado por sus hijos menores. “La herencia consta de capital y de deudas a enumerar: Cédula Hipotecaria del Banco Nación para cuya cancelación autorizó el Juez de menores la venta de una propiedad en Villa Iris más la totalidad de la hacienda en pie en el campo, más 55.000 kilos de trigo fruto de la última buena cosecha que tuvimos en la zona (2003-2004) gracias a un contrato del treinta por ciento sobre 50 hectáreas de campo”, expuso Conte.
“Adeudaba el impuesto de Rentas por lo que me acogí a una moratoria y me puse al día. Solo debo dos o tres cuotas del año anterior que no he podido abonar por el desastre agropecuario que ustedes no ignoran y porque nuestro grupo familiar que se componer de dos hijos, mi madre y yo, contamos con ingresos fijos con la magra jubilación y pensión de mi madre y el cobro del alquiler de una propiedad de mis hijos la cual también administro y pese haberla puesto en alquiler mediante inmobiliaria (así se exige en el Juzgado de Menores) se encuentra desde hace meses bajo juicio de desalojo por falta de pago de los inquilinos.”
“Ustedes deducirán que la falta de ingresos más las costas del juicio nos ha ocasionado innumerable carencias. También como ingreso tenemos el resultado de mi trabajo que solo nos alcanza para los mínimos gastos diarios ya que instalé un gabinete de cosmetología debidamente habilitado en al delegación Darregueira”, siguió relatando la mujer.
Luego de detallar su problema económico, dijo: “Yo sé que vuestro tiempo es muy valioso pero debí hacer este preámbulo para que entiendan someramente mi situación. El punto que me lleva a distraerlos es el siguiente: recibí el año pasado la cuota de la red vial del campo que está impaga desde el año 1992, herencia que también recibieron mis hijos, con la inscripción que decía que estas partidas entrarían en juicio.”
También relató qué le dijeron desde el Municipio para solucionar su deuda. “De inmediato me presenté al entonces delegado municipal señor Carcedo el cual me aseguró que me darían un plazo para poder poner en orden mi situación de deuda pero que me dirigiera al señor abogado Eduardo Begaríes, con quien también hablé y expliqué mi difícil situación asegurándome que cuando pueda pagar la deuda me inscribiría en una moratoria, lo cual finalmente hice hace un mes, quedando a la espera del llamado del Municipio para firmar el convenio. Esto aconteció la semana próxima pasada. Me presenté a la media hora del llamado ya que tenía fuerte intención de empezar a pagar de a poco, pero pagar. No firmé el acuerdo porque, grande fue mi sorpresa, al ver que tengo que pagar honorarios y por la abultada cifra de 1707,17 pesos”, declaró.
“En este resultado que recibimos los sufridos ciudadanos de este distrito castigados por estos años de desastre agropecuario. Digo yo por qué no se le hizo el juicio a Héctor Edgardo Lirio en vida ya que eran muchos los años que no abonó. ¿Por qué quieren hacerles juicios a menores que ninguna culpa tienen por la mala administración de su progenitor?”, cuestionó Conte en su carta.
También explicó que otras de las respuestas que le dieron desde la Asesoría Legal, fue que “pagara la suma de honorarios en tres cuotas y la primera, con la firma del convenio.” Y por último relata. “Luego pedí audiencia con nuestro Intendente el señor López que vendría a Darregueira el día 15-04-08 pero se me negó la posibilidad de hablar con él, pues tenía muchas audiencias. Pedí por teléfono a Puan para hablar con él y también me dijeron que su ocupación se lo impedía, pues bien, si yo debo pagar $ 856,03 los primeros meses más $ 286, 98 centavos, los 33 meses restantes para poner al día este impuesto, desde ya les anuncio que no puedo y no es por falta de voluntad. Quedando a la espera de una respuesta favorable y de acuerdo a mis posibilidades”, finalizó.

El debate en el HCD

El presidente del PJ-FPV, Pedro Bleile dijo: “Creo que la nota es clara. Se trata de un inmueble ubicado dentro del partido de Puan y lo que se está planteando específicamente es el por qué del pago de los honorarios. Me gustaría que, alguno de los concejales oficialistas, me de la respuesta. Creo que las costas corresponderían pero no entiendo el cobro de los honorarios de los abogados cuando hay una intención de pagar.”
La abogada Lorena Ustarroz, presidente del Bloque del Frente Vecinal, contestó: Esto está establecido en la Ley Orgánica de las municipalidades. El Asesor Legal del Municipio además de percibir un sueldo, cobra el 50 por ciento de los honorarios que se le cobra al deudor o a quien tiene que pagar una deuda en la municipalidad de Puan. Se cobran honorarios porque en este caso la partida ya estaba en juicio. Si hubiese sido un acuerdo anterior a juicio no corresponden honorarios”.

En respuesta a la explicación técnica de Ustarroz, Bleile dijo: “Si bien los honorarios ya están establecidos por Ley, me pregunto si no se puede evitar el cobro de los mismos, si se contrata un profesional en forma permanente desde el Municipio con un sueldo acorde a su trabajo...porque después, estas cargas que sufren las personas, las llevan a no pagar las deudas”.
“El Municipio tendría que buscar los medios alternativos para evitar todo aquello que tenga algún conflicto legal por no pago de deudas, que se pueda evita el pago de honorarios, más aun cuando se trata de personas en emergencia agropecuaria desde hace varios años. También creo que sería una oportunidad del Ejecutivo de dar cierto apoyo al campo”, aconsejó el edil.

“Bondadoso”

Desde el Bloque oficialista, Ustarroz opinó: “Estoy totalmente de acuerdo con el concejal Bleile desde el sentido común, pero desde lo legal, así lo establece la ley 5877 del Colegio de Abogados. Cuando uno inicia una acción judicial, el Juez regula honorarios que deben ser abonados por el deudor además de los aportes provisionales. Lo bondadoso en esto, al actuar como abogado de un municipio, es que el 50 por ciento de los honorarios quedan para la municipalidad y el otro 50, para el abogado.”