Corrupción empresaria y complicidad estatal

Crítico informe sobre el soborno transnacional en el país

Transparencia Internacional advirtió sobre la falta de políticas para evitarlo en la Argentina. Las grandes empresas que aparecen señaladas.
La Argentina fue señalada por la organización Transparencia Internacional (TI) como un país en el que es evidente la falta de aplicación de políticas estatales contra el soborno transnacional para empresas de nuestro país, informó mediante un comunicado Poder Ciudadano.
La afirmación surge del”, de Transparencia Internacional, que analiza la aplicación de acciones anti-soborno en 34 países (incluidos los del G7) en relación al cumplimiento de la Convención contra el Soborno Transnacional de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE).
Entre las fallas que destaca el informe sobre la Argentina, aparecen las deficiencias en la protección de denunciantes de casos de corrupción del sector público y privado, y las dificultades respecto del acceso a la información sobre los casos de corrupción existentes, además de la falta de conocimiento respecto de la Convención de la OCDE entre los empresarios argentinos.

También quedan resaltadas dificultades relacionadas con la ausencia de una base de datos unificada sobre información de casos de corrupción existentes a nivel provincial, así como los inconvenientes para conseguir información en los juzgados desde que el artículo 204 del Código Procesal Penal afirma que la información del caso es solamente accesible para las partes.
El caso de soborno reportado en el documento involucra a la empresa Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima (IMPSA) y está vinculado con la renovación de un contrato que poseía para la explotación de una planta hidroeléctrica en Filipinas.
También se mencionan la existencia de acusaciones por soborno que se llevan adelante contra IBM Argentina, Siemens, Thales Spectrum Argentina, Ansaldo Energia SpA, Skanska y Accor Services.
La falta de jurisdicción nacional para los casos de soborno, la ausencia de responsabilidad criminal para las corporaciones, las deficiencias en el programa nacional de protección de testigos y la ausencia de leyes para proteger a los testigos en el sector privado son las advertencias que realiza TI en su informe acerca de la Argentina.
También destaca que existen retrasos significativos en las investigaciones judiciales, principalmente debido a los atrasos de los informes de los peritos, y a las demoras al momento de realizar pedidos de asistencia internacional a la Justicia en el exterior.

Por último, el informe recomienda tomar mayor conciencia sobre el tema de sobornos para el sector privado nacional y entrenar a los fiscales en técnicas de investigación, al tiempo que pide fortalecer los procesos de denuncia.
Para Julieta Arias, directora del área Transparencia y Anticorrupción de Poder Ciudadano, con este informe “se evidencia la urgente necesidad de fortalecer la lucha contra la corrupción tanto a nivel nacional como internacional”, destaca el comunicado.
“Es fundamental fortalecer los mecanismos que promuevan la transparencia, como son la sanción y cumplimiento real de normativa vinculada con el acceso a la información, la protección de denunciantes y testigos de actos de corrupción, así como la generación de herramientas que permitan una eficaz y eficiente investigación de causas en las que se juzguen delitos de corrupción”, sostuvo Arias.
Esta es la cuarta edición del Informe, que intenta proveer un acercamiento anual a la aplicación de estas normas anti-soborno para los países miembros de la OCDE.

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