Acceso a la información pública. Un derecho de todos

“Los estados son ricos por la labor de sus individuos, y su labor es fecunda porque el hombre es libre, es decir, dueño y señor de su persona, de sus bienes, de su vida, de su hogar. La omnipotencia del estado es la negación de la libertad individual.” Juan Bautista Alberdi

Podría ser impensado que en pleno siglo XXI y a 25 años de la recuperación de la Democracia en nuestro país, los mismos gobiernos que la sustentan, puedan incumplir con su deber de brindar información pública y negar el derecho ciudadano a acceder a los datos enmarcados dentro de la actividad estatal.
Si escuchamos algunos discursos políticos no hay quien en algún momento nombre con orgullo su lograda representatividad a través del voto popular. Representatividad que no da derecho a disponer de la información pública como si fueren datos de la vida privada.
Y en este énfasis argumentativo fundado en la mayoría electoral, olvidan el sistema republicano al cual pertenecen.
Como es sabido, el sistema republicano tuvo su origen en Roma y la referencia de “res pública” o “cosa pública”, sirvió para diferenciar la democracia de la monarquía.
Vale entonces, insistir que a través de la “cosa pública” queda referido el interés común de los ciudadanos y que además, debe ser perseguido por los gobiernos. Bajo ese mismo concepto y con el fin de asegurar la orientación al interés común, se los somete a leyes.
Leyes que a veces son ninguneadas y en el peor de los casos, utilizadas como refuerzos del poder pensado en el bien individual. Por esta razón, la sola negación o silencio ante una petición legítima del pueblo o de los dos restantes poderes constitucionales (Judicial y Legislativo) induce a pensar en el ocultamiento de acciones fraudulentas.
El escaso interés por dar información no tiene otro objetivo que reforzar la impunidad además de asegurar la ignorancia de los futuros votantes que creerán en la honestidad ficticia.
Pocos parecen interesarse en la exigencia de los derechos constitucionales como bienes inalienables. El pedido reiterado de la información no es un deber exclusivo de la prensa, la oposición política, el poder legislativo y la justicia, es deber de todos.

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