“Algunos dicen que autocultivan, pero en el teléfono tienen hasta 200 mensajes de venta”

Así lo expresó el Dr. Mauricio Del Cero, titular de la UFI Especializada en Estupefacientes, al diferenciar la política que se realiza hacia quienes comercian con sustancias ilegales.

El funcionario confirmó que las 19 personas trasladadas a Bahía Blanca este lunes, continúan detenidos en una comisaría de esa ciudad a la espera de novedades en la causa.  En tanto, calificó de “poco frecuente” la declaración de dos de los jóvenes. “Los demás prefirieron guardar silencio”, señaló.

TODAS LAS VOCES PUAN entrevistó hoy al titular de la UFI N° 19 quien señaló el carácter de prófugos de otras dos personas.  El megaoperativo que conmocionó a la localidad de Puan, con allanamientos a diferentes viviendas fue ordenado por el Juez Guillermo Mércuri, del Juzgado de Garantías N°2, a través de la DDI de Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado, con la colaboración de personal Policial de Seguridad del Partido de Puan y distritos vecinos, como así también de la Sub DDI de Coronel Suárez, junto a los Cuerpos de Infantería y Caballería de Bahía Blanca. En total, la justicia movilizó a más de 100 policías y 70 patrulleros, coordinados por el Comisario Claudio Prieto.

-Doctor… ¿En qué tapa se encuentra la investigación?

-Comenzó en 2018 con la denuncia de un policía, dando cuenta de tres o cuatro personas que estarían comercializando estupefacientes al menudeo. Este caso es de competencia provincial, porque si hablamos de una venta a mayor escala, el ámbito sería el Federal.

Cuando el policía marcó con nombre y apellido a los posibles involucrados, caímos en la cuenta de la existencia, en la misma época de otras denuncias anónimas mediante la aplicación (Seguridad Provincia). Es decir, personas de la propia localidad habían hecho denuncias anónimas. Había interés de los vecinos en la cuestión.

Al mismo tiempo, hubo tareas de vigilancia, relacionadas a un policía encubierto, vistiendo de civil, quien pudo observar los movimientos y los grabó con una cámara. Éstas son tareas de observación y vigilancia. El resultado fue el ingreso y egreso de personas a ciertas viviendas por cortos espacios de tiempo. Por ejemplo, si en una tarde entran siete personas a una casa por 1 o 2 minutos cada una, se consideran movimientos compatibles con la venta de droga al menudeo.

A partir de esto, se realizaron cuatro allanamientos en agosto de 2019, en el que resultaron imputados cuatro de los ahora 19 detenidos. En aquel momento se secuestró escasa cantidad de estupefacientes, pero había balanzas de precisión, un indicio de venta, porque ningún consumidor la pesa para tomarla. También se encontraron recortes de nylon que se utilizan para las “bochitas”, es decir las dosis en que se fraccionan las drogas.

Más importante que hallar las “bochitas” es dar con las bolsas que vienen con el agujero, porque quien hace el agujero es el vendedor. El que tiene la bochita con el nylon suele ser el consumidor. En este caso hay muchos recortes y puede presumirse que no se trata simplemente de un consumidor. De los primeros teléfonos incautados (2019), surgen conversaciones a otros dispositivos. Esto derivó en las 23 órdenes de allanamiento y las 21 órdenes de detención que se llevaron a cabo el lunes a partir de la madrugada.

Del total de las órdenes, se efectivizaron 19. Todos han tenido oportunidad de prestar declaración y dos están en situación de prófugos.

-¿Hay alguna posibilidad de que sean interceptados?

-Hubo uno que se entregó en la comisaría de Necochea, tras enterarse del pedido de detención hacia su persona. En algunos casos, las personas ya no vivían en los domicilios declarados en su momento. Son muchos lugares y si en los últimos meses, alguno se mudó, la información puede estar desactualizada; entonces el hecho de revisar los domicilios a cada rato, puede despertar sospechas.

-Llama la atención que la mayoría de los detenidos son de Puan, ¿Se produjeron otras detenciones en la región?

-Hay un policía de Bahía Blanca, otra persona en Azopardo. En localidades vecinas, no se ordenaron detenciones, pero sí la búsqueda de algunas medidas de prueba por sospechas. Es importante esto que ustedes apuntan sobre la cantidad de involucrados solamente de Puan. El año pasado hicimos una secuencia de cerca de 15 allanamientos, con casi la misma cantidad de detenidos en Carmen de Patagones. Hace poco también se realizaron actuaciones en Punta Alta y en Coronel Pringles.

La fiscalía N°19 es única en todo un Departamento Judicial y abarca unos 600 km de extensión. Eso hace que por una cuestión de recursos, uno deba concentrarse por lugares. Tal vez de esta causa surjan otras investigaciones que el año próximo o en el 2022 brinden resultados en cuanto a los allanamientos.

-¿Se podría decir que algunas de los detenidos pertenezca a una banda organizada o falta continuar la investigación para poder definirlo así?

-Puede ser una suerte de apreciación periodística que no está mal. Es de aclarar que no se trata de una banda u organización delictiva, o asociación ilícita en el sentido estricto jurídico del término. Cuando hablamos jurídicamente de una banda o asociación ilícita, estamos hablando de un acuerdo de voluntades de carácter permanente con distribución de roles. Y acá los acuerdos son circunstanciales, de momento, y si bien hay cierta permanencia en el tiempo, no podemos hablar de una organización al estilo estructura con división de mandos y funciones.

-¿Hablamos de distribución de sustancias de manera informal a medida que las iban obteniendo?

-Muchas veces tiene que ver con la época. En Bahía Blanca, cuando recién comenzó la cuarentena, como las rutas estaban cerradas porque nadie podía transitar, comenzó a verse más cantidad de marihuana de autocultivo que cocaína.

-¿Cómo pueden diferenciar si la planta de marihuana que encuentran en un domicilio está siendo usada para consumo personal, venta o uso medicinal?

-Es muy importante esta pregunta porque puedo contarles la posición de la Unidad Fiscal N°19, que abarca desde González Chaves hasta Patagones. Me hice cargo en el 2018, pero mucho antes, esta fiscalía nunca persiguió a consumidores. En este sentido, puedo decirlo con números ya que ingresan 2.000 causas por año. Este año, llevamos archivadas, es decir sin imputar, unas 600.

 El 30 por ciento de los casos son de consumo en la vía pública. Esas causas, más allá de las motivaciones de la Policía para formarlas, nosotros le damos trámite de archivo. Sin embargo, esa es una apreciación que se hace después del hecho. Muchas veces parece un consumo pero en realidad es una venta, porque el consumidor muchas veces vende.

Cuando es para fines medicinales, lo dice el Decreto Reglamentario de la Ley de Autocultivo, debe haber una autorización. En el caso que sea para consumo propio, tampoco imputamos. Algunos dicen que autocultivan pero en el teléfono tienen hasta 200 mensajes de venta. No trabajamos con decisiones precipitadas sino sobre la base del análisis de información objetiva e incontestable, no se trata de decisiones arbitrarias.

Al consumidor no hay que encarcelarlo o imputarlo de nada, salvo que esté haciendo algo peligroso, por ejemplo, manejando un vehículo y consumiendo. La marihuana altera la noción de tiempo y espacio, eso hace que se produzcan accidentes de tránsito. Si se le realiza un driver test y da positivo, ahí si imputamos pero recibe una pena muy leve o una suspensión de juicio a prueba.

-En el caso de los jóvenes de Puan, ¿Qué penas podrían recibir si se comprueba que hubo comercio?

-Es muy prematuro sacar conclusiones, las investigaciones llevan su tiempo. Ahora, de cada uno de los imputados que declararon, deberán producirse pruebas sobre la base de sus dichos. Luego habrá múltiples audiencias durante el trámite del proceso. Los imputados muchas veces apelan, eso va a Cámara. Lleva un tiempo.

En general, los delitos arrancan en los cuatro años de prisión. En el caso del efectivo policial domiciliado en Bahía Blanca, la pena podría ser de seis años de prisión en expectativa. Es una condena muy importante. El resto, por más que tengan una pena de cuatro años de prisión, los involucrados pueden adherir a la Ley del Arrepentido, recibiendo algún beneficio procesal como el enjuiciamiento en libertad o la excarcelación extraordinaria. Pero son decisiones que toma el Juez y no el Fiscal.

-¿Hay vínculo entre el policía bahiense y los jóvenes puanenses? 

 -Sí lo hay, principalmente con uno de ellos.

-¿En dónde están detenidos y hasta cuándo estarían en esta situación?

-Están en una dependencia policial de Bahía Blanca. La ubicación no podemos revelarla, aunque las familias ya lo saben. Veremos qué se resuelve en los próximos días. Esas decisiones no son del fiscal.

-Durante las declaraciones, ¿hubo alguna en especial que le llamó la atención? 

-De los diecinueve, declararon tres.  Los demás guardaron silencio, lo cual no está mal, me parece bien porque hay una presunción de inocencia que los ampara. Además, existe el derecho al silencio que la Constitución Nacional garantiza a cada uno de los habitantes de no autoincriminarse y a no declarar.

Uno de ellos declaró que era para repartir entre amigos y no para vender. Otro, dijo que era consumidor pero, si bien compraba para consumir, le decía a su proveedor que era para vender.

El policía también dijo que era consumidor y tenía las 17 plantas en su casa. Está acusado de ser partícipe  de la comercialización y no autor directo, sería una suerte de intermediario conectando vendedores con compradores, pero dijo que él no sabe si los mensajes se concretaron en la realidad.

-Usted relató que en Agosto del año pasado ya se habían producido allanamientos…  ¿Esa situación no les hacía prever a los hoy detenidos que estaban bajo la lupa de la Justicia?

-Estos delitos pueden producir un impacto en el momento, pero después va pasando el tiempo… Pueden creer que nada va a suceder y retoman la actividad.

Siempre lo digo: no hago un reproche moral a la persona, yo señalo conductas que la ley considera delitos. Nadie dice que sean malas personas. La verdad es que esto se revelará con la información telefónica que obtengamos durante el mes de enero, cuando analicemos los dispositivos secuestrados en los allanamientos.

-Otro de los temas que impactó en la comunidad, fue la cantidad de efectivos de la Fuerza de Seguridad que participaron del operativo. ¿Por qué se destina tanto personal?

-Las Fuerzas de Seguridad tienen su propio protocolo de actuación   y consideran que un mínimo aceptable de personas para hacer la irrupción en un domicilio es de entre cinco y diez efectivos.

En Bahía Blanca hemos recibido disparos de arma de fuego, los ataques de perros pitbull son una constante. A veces el allanamiento, al principio, es tranquilo y luego recibimos piedrazos. En otras ocasiones, se produce alguna descompensación, entonces se debe llamar a la ambulancia y detener el procedimiento. Todo eso requiere gente.

Se necesitan dos personas como mínimo para hacer la revisión del domicilio, y por los menos cuatro a cinco para hacer la custodia de seguridad tanto adentro como afuera de la vivienda, además de un efectivo que esté al lado de la persona que está siendo investigada. La presencia policial no tiene que ver con una medida disuasiva o intimidatoria sino con la necesidad de gente y recursos humanos para cada punto allanado.

-¿Usted sigue trabajando en temas relacionados a Delitos Sexuales?

-Estuve cinco años en la Fiscalía de Delitos Sexuales y dentro de esa temática, estaba la pedofilia en la web y el grooming. Sigo trabajando en el tema pero desde un lugar académico. Estoy en el Colegio de Abogados y en un Instituto de Derecho Informático. Es un tema que me interesa y en el que voy a seguir trabajando porque es más frecuente cada día.

-Recordamos que hace unos años usted estuvo en Puan brindando una charla sobre dicha temática.

-Sí, junto a funcionarios de la Municipalidad de Bahía Blanca. 

-Ahora, en su rol al frente la fiscalía de estupefacientes, ¿Está más expuesto a agresiones o amenazas?

-No me sucedió nada ni temo que me suceda. No recibí ninguna señal para pensar nada. Sí es cierto que los riesgos están. Me gusta más la fiscalía de estupefacientes porque no hay víctimas que requieran mucha contención, como sucede en los Delitos Sexuales. El trabajo de fiscal, muchas veces excede lo jurídico y a veces podemos ser una suerte de psicólogos. Se necesita descansar de estos casos porque hay situaciones muy graves de abusos y violaciones. Todo eso, después de cinco o seis años, conlleva a una carga emocional por eso se busca ir cambiando de tema para que a la persona que actúa no le termine pareciendo todo normal. Es importante no perder la capacidad de asombro.