Por unanimidad, el Senado aprobó la "Ley Lucio"

Finalmente, se aprobó en el Senado de la Nación la Ley Lucio, que busca la prevención y detección temprana de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes tras el brutal crimen de Lucio Dupuy, el nene asesinado por la madre y su pareja a golpes y que derivó en una condena a principios de este año contra ambas.

Luego de la fallida sesión a fines de marzo donde la oposición se levantó del recinto y no dio el quórum, la Ley Lucio fue aprobada con 65 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención, ante la emoción de los familiares del menor asesinado.

La ley, cuyo nombre es Plan Federal de Capacitación sobre derechos de niñas, niños y adolescentes, estará destinada a las personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los tres poderes del Estado nacional que forman parte corresponsable del Sistema Integral de Promoción y Protección de los Derechos de la Niñas, Niños y Adolescentes.

Podrán ser también destinatarios del plan los agentes de las administraciones provinciales, municipales y de organizaciones sociales, recreativas y culturales, en el marco de convenios de cooperación y colaboración con la autoridad de aplicación de esta ley.

Asimismo, la autoridad de aplicación será la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, quien deberá prever capacitaciones optativas para las y los sujetos no obligados que tengan interés en capacitarse.

Los puntos destacados de la ley

• Velar por el respeto de la Convención de los Derechos del Niño y de la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
• Generar las condiciones para una convivencia social fundada en vínculos de afecto y confianza que se definen como “buen trato”, fundamental para el desarrollo de proyectos de vida de las nuevas generaciones.
• Promover los espacios y metodologías necesarias para garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser oídos en todos los procesos administrativos y judiciales y de incidir en el diseño de políticas públicas que afecten sus intereses y derechos.
• Propiciar la perspectiva de género y diversidades.
• Recomendar la protección de las y los denunciantes en casos de posible vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes.
  (Fuente- Infocielo)