El FIT propone un piso salarial de 264 mil pesos para los municipales

(*) Tras una ronda de consultas con sindicatos, delegados y activistas municipales del país, el proyecto establece un piso salarial para el trabajador municipal ingresante equivalente a dos salarios mínimo, vital y móvil (hoy sería $264.000). También incluye la defensa de la carrera municipal, estableciendo concursos transparentes y la garantía de ascenso en la carrera al menos cada 5 años con un refuerzo adicional en una categoría extra antes de la jubilación.

Los municipales son el sector más postergado de los trabajadores públicos formales. Siendo uno de los gremios más numerosos del país (sólo en la provincia de Buenos Aires hay 200.000 municipales y en Córdoba 40.000), los salarios en muchísimos municipios no alcanzan el salario mínimo, llegando a cobrarse un 50% de éste.

Esto sucede por la fragmentación de los trabajadores en pequeños sindicatos por localidad o la ausencia de organización gremial, donde los intendentes manejan el municipio como patrones de estancia, aprovechando la circunstancia de que muchas veces es el único empleo disponible. Y a menudo con sindicalistas que son cooptados por el intendente de turno.

Suele pensarse que estos trabajadores son solamente los que desarrollan tareas de limpieza y mantenimiento de la estructura municipal o administrativos. Sin embargo, en los distritos grandes y medianos donde el municipio presta servicios de salud, educativos, recreativos y de alumbrado los profesionales son los más postergados. Así, médicos, enfermeras, ambulancieros, docentes, técnicos, mecánicos y electricistas, entre otros profesionales calificados, están muy por debajo de las remuneraciones habituales para esas tareas. Esto sucede porque no se respeta la carrera profesional, un tema que ha dado lugar a importantes movilizaciones como es el caso de enfermería de CABA.

El argumento de los pequeños municipios es la falta de recaudación por la escasa población. Si bien el proyecto garantiza los recursos a través del Estado nacional lo cierto es que en muchos casos se trata de localidades en las que se desarrollan actividades muy lucrativas a las que no se les aplica impuestos en nombre de que generan puestos de trabajo, siempre escasos.

En los casos de grandes industrias instaladas en parques industriales, los intendentes son los mejores lobistas de las empresas que reciben gratis infraestructura de caminos, electricidad, agua y gas, servicios que no se encuentran en las barriadas populares. Los pasivos ambientales son ignorados y sólo la lucha de los vecinos ha podido frenar la contaminación.

Como contrapartida a los salarios de indigencia, el personal político o los familiares del intendente cobran salarios escandalosamente altos gracias a las altas categorías que se les asignan. En cambio, muchos trabajadores llegan a jubilarse con la misma categoría con la que ingresaron 20 o 30 años atrás.

En la provincia de Buenos Aires, la Ley 14.656 de 2014 que regula las relaciones laborales y negociaciones colectivas de los trabajadores municipales establece la creación del Consejo de Empleo Municipal, pero en nueve años de vigencia nunca fueron convocados ni por Scioli ni por Vidal ni por Kicillof. En la mayoría de los municipios las condiciones inherentes a la relación de empleo público no se regulan a través de los convenios colectivos como postula la ley sino que los gobiernos municipales optan por sancionar ordenanzas excluyendo toda negociación con los sindicatos. En el resto del país la ausencia de representación sindical agrava aún más la cuestión salarial en las jurisdicciones pequeñas donde los trabajadores municipales llegan a percibir entre $30.000 y $50.000.

Se procura con esta ley asegurar el derecho a la carrera administrativa que posibilite la promoción y el ascenso de los trabajadores en el escalafón sin discriminaciones con base a la antigüedad, evitando la permanencia arbitraria en los niveles escalafonarios más bajos por postergaciones discriminatorias y que les permita alcanzar con antelación suficiente al cese de la actividad una jubilación como mínimo con el haber del grado inmediato superior previsto para cada agrupamiento. Esto último constituye una reparación elemental a la condena que sufren miles de municipales que llegan a la jubilación sin que se les haya reconocido el esfuerzo y la idoneidad adquirida en el correr de los años, y una manera de no ser condenados a jubilaciones de indigencia, como ocurre masivamente hoy.

En el último período, y ni hablar en los últimos años, hubo numerosas luchas, reclamos, paros y movilizaciones en municipios diversos, sean con sus sindicatos a la cabeza o en luchas autoconvocadas. La audiencia tiene un propósito definido: crear las condiciones de movilización que logren imponer la sanción del proyecto. Por eso se convoca a las direcciones sindicales que elaboraron o ya tomaron el proyecto como propio, así como a delegados y activistas combativos para desarrollar una extensa campaña en todo el país para que los municipales tengan su ley.

(*) Fuente: Prensa Obrera